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QUITO SIN MINERÍA

EL OSO DE ANTEOJOS

En el Ecuador existen apenas 2018 osos de anteojos, por lo que se consideran en peligro de extinción. En el noroccidente contamos con el Corredor Ecológico del Oso Andino, donde se han registrado 43 osos de anteojos. Esta especie es endémica de Quito. Los osos necesitan de una gran cantidad de especies de plantas y animales en sus hábitats, al proteger los bosques en los que vive, estamos protegiendo la vida de muchas otras especies tanto de plantas como animales. Son tan poco los bosques que tenemos en los que pueden vivir los osos, que se han quedado encerrados en pequeñas “islas” de las que no pueden salir, solo allí encuentran sus alimentos. En el Ecuador su hábitat se ha reducido aproximadamente en un 40% de su distribución original. Especialistas aseguran que solo hay dos lugares en América Latina donde se pueden observar a estos osos en su estado natural, una de ellas es la Reserva Maquipucuna que se encuentra en el noroccidente de Quito, en la parroquia de Nanegalito; y la otra es en el noroccidente del Perú. A partir del año 2008, la Reserva Maquipucuna, es visitada por los osos andinos, la razón es que en esta reserva natural se produce el aguacatillo uno de los alimentos favoritos del oso. ¿Qué pasaría con los osos de anteojos si permitimos la minería en Quito?

AGUA Y AMBIENTE

Alrededor de 3500 personas, de 14 comunidades de las parroquias de Pacto y Gualea usan las aguas del río Chirapi, tanto para su consumo y uso doméstico, como para usos productivos. Sin embargo, la microcuenca de este río tiene varios problemas de contaminación ocasionados por la actividad minera desde hace casi 20 años. En este río, a la altura de Pacto Centro, se han evidenciado altos niveles de cianuro y mercurio que vienen del lavado y el mal manejo de aguas servidas de la industria de minería de oro. Estos elementos son tóxicos y muy peligrosos para el ser humano. Lo más grave de este nivel de contaminación es que en el área donde ocurre se concentra la mayor cantidad de habitantes de las parroquias Gualea y Pacto (entre 5.000 y 6.000 personas).

Existen dos áreas protegidas por el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que protegen las cuencas de los ríos Pachijal, Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal. Pacto, Gualea y Nanegalito, forman parte de la cuenca del río Guayllabamba que es una de las mas claras muestras de que en la ciudad descuidamos el campo y el bosque, y no valoramos la vida y el trabajo de quienes viven en él. Desde Quito enviamos nuestros desechos al río Machángara, que después se convierte en el río Guayllabamba. Este río desciende desde los Andes hacia la llanura occidental, donde se junta con el Blanco para formar el río Esmeraldas, y forma el límite norte de las parroquias Gualea y Pacto. Por ello, su contaminación afecta a varias poblaciones vecinas al río como Sahuangal y Santa Rosa.

IMPACTO SOCIAL Y HUMANO

Cuando una compañía minera visita una comunidad, ofrece entrar en sociedad con las comunidades, sin embargo, la atacan directa o indirectamente, intimidan y desacreditan a las personas que cuestionan o se oponen a sus proyectos. Omiten los costos reales de la remediación, los impactos en la salud y los miles de millones de toneladas de tierra y vegetación envenenadas por cianuro, arsénico, plomo y otras sustancias letales.  No mencionan el desastre natural y social que la minería deja atrás, cuando se agota el yacimiento. Los beneficios a la población local y la protección del ambiente no son importantes para las empresas mineras. El interés principal de estas compañías es la ganancia económica.

La división de la familia y la comunidad, el alcoholismo, la prostitución, los ataques sexuales, la violación y las enfermedades venéreas, son desafortunadamente muy comunes en las comunidades mineras y en sus alrededores. Pueden darse violaciones a derechos humanos:  Desplazamiento y desalojo de familias y  poblaciones enteras

·      Criminalización de activistas antimineros: la empresa puede emplear a gente local o de fuera, para acusar falsamente de actos delictivos a activistas anti- minería

·      División de las comunidades

·      Incremento de la delincuencia y de la violencia social

·      Militarización o presencia de la policía y grupos armados

LEGALIDAD

Para otorgar las concesiones mineras de Llurimagua, Ingapi y Urcutambo, el Ministerio de Recursos no consultó a las comunidades, a pesar de que en el artículo X de la constitución dice que las comunidades deben ser consultadas cuando una decisión estatal pueda afectar a su medio ambiente. Por otro lado, la ENAMI ha generado una situación de intimidación a nivel local, que está generando la anulación de la libre y espontánea manifestación y asociación de las comunidades. Asimismo en las comunidades de las parroquias Pacto y Gualea, con la autorización del Ministerio de Educación, la ENAMI ha intentado impartir talleres de “Información y sensibilización” sobre minería en las escuelas y colegios, entre niñas, niños, adolescentes, padres y madres de familia y docentes. Esta situación alertó a las comunidades, quienes interpusieron una medida cautelar ante la jurisdicción nacional, para exigir la suspensión de los talleres, por contravenir con el derecho a la educación, a la libertad de los padres de enseñar a sus hijos conforme a sus principios y creencias, y por atentar contra el principio del interés superior de los niños. Sin embargo, el juez sobre el cual recayó la causa, no escuchó en audiencia a los representantes de las comunidades y consideró que no se verificaba la verisimilitud de su pretensión, por lo que resolvió negar la adopción de las medidas cautelares. En la normativa ecuatoriana, no se reconoce el derecho de apelación de estas medidas urgentes, por lo que las comunidades quedaron en una situación de desamparo.

Quito Sin Minería,2015

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